La iniciativa se encuentra en el articulado del proyecto que comenzó el viernes pasado a ser analizado en la Comisión de Presupuesto de la Legislatura. Será durante el transcurso del 2022.
El gobernador, Oscar Herrera Ahuad, decidió solicitar a los diputados misioneros en el proyecto de ley de Presupuesto 2022, que autoricen la distribución de algo más de 377.975.000 millones de pesos para la asistencia a 135 organizaciones no gubernamentales, clubes deportivos, facultades de la Universidad Nacional de Misiones y otras casas de estudios de gestión privada, en medio de la pandemia de COVID-19 y la economía del país que las ha afectado en su funcionamiento.
Entre los beneficiados aparecen varios hogares de niños, adolescentes como de ancianos y bibliotecas populares de diferentes puntos de la provincia.
En la distribución, el Ejecutivo pide alrededor de 106 millones de pesos bajo el concepto “a distribuir”, con el fin de incorporar por decreto a otras organizaciones que requieran de la ayuda del Estado provincial en el transcurso del año próximo.
El año pasado, Herrera había solicitado autorización y la Legislatura le aprobó 236, 2 millones de pesos con la misma finalidad.
A su vez, Herrera les anticipó que pretende “destinar el 35,91% del total de Erogaciones para el año 2022, por un monto de 81.399.902.000 pesos que será utilizado para mantener el compromiso del Estado con las instituciones de educación pública de gestión privada que reciben financiamiento del Estado provincial para el desenvolvimiento de sus actividades escolares y académicas; previéndose también, continuar con el apoyo a las organizaciones sin fines de lucro, que integran las redes sociales solidarias, que trabajan desinteresada y silenciosamente para ayudar al prójimo necesitado en todo el territorio de la provincia”.
En esa misma línea, propone que se realicen conciliaciones, reconocimientos, refinanciamientos o remisiones de las deudas previsionales y de obra social devengadas que mantengan con el Instituto de Previsión Social, al 31 de agosto de 2021, las Instituciones Educativas o Religiosas de Gestión Pública o Privada y el Instituto Antonio Ruiz de Montoya”.
Fuente: Primera Edición
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