Se trata de una decisión tomada por los diputados provinciales en la última sesión de este jueves. La medida fue originada en proyectos presentados por los diputados Carlos Rovira y Martín Sereno.
Los diputados suspendieron hasta el 31 de diciembre de 2024, las ejecuciones de sentencias que tienen como objetivo ordenar el desalojo o remate de inmuebles destinados a vivienda única y familiar y a vivienda, y a producción agropecuaria única y familiar, cuando se verifique una ocupación superior a ocho años, sobre predios urbanos y rurales, respectivamente, sean fiscales o privados.
En los fundamentos de su proyecto, Rovira, aseguró que “la trascendencia de la medida propuesta radica en continuar garantizando la preservación de la vivienda, tanto en áreas urbanas como rurales, frente a eventuales emergencias, incluyendo aquellas de índole económica que puedan afectar a los ciudadanos en su capacidad para mantener su hogar”.
En tanto, Sereno, consideró “imperioso que estos casos tengan el amparo de la ley para al menos no enfrentarse a la durísima realidad del desahucio de una familia, cuando la misma puede demostrar su ocupación pacífica e ininterrumpida por ocho años o más, como lo prevé la ley originalmente”.
En el Recinto, la legisladora Anazul Centeno contó que “desde el IPRODHA se articulan diversas herramientas para dar respuestas y soluciones, una de ellas es la relocalización de asentamientos, medida que viene presentándose desde el 2012 contando, hasta el día de hoy, con 1.499 viviendas entregadas a familias que provenían de la ocupación de propiedades privadas y estaban alcanzadas por los conflictos obvios que devienen de esta situación”.
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